Al más puro estilo de los tiempos del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, la Guardia Civil de Michoacán protagonizó un altercado con maestros que, en plena jornada de movilización, fueron cercados y replegados por cuerpos antimotines cuando intentaban bloquear las vías el tren en la ciudad de Morelia.
Los hechos ocurrieron este jueves 29 de mayo en la zona de Tres Puentes, cuando maestras y maestros de la Sección XVIII de la CNTE, fracción Poder de Base, junto con estudiantes normalistas, marchaban desde el Centro Histórico como parte del paro nacional docente que hoy cumple más de dos semanas.
Imágenes captadas pr asistentes y difundidas en redes sociales muestran momentos de tensión: empujones, ritos y el uso de bombas de humo por parte del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP), en lo que representa el segundo episodio represivo en menos de una semana.
El objetivo del magisterio era claro: colocar un bloqueo simbólico en las vías férreas, una táctica históricamente empleada en Michoacán para visibilizar demandas estructurales como la abrogación de la Ley del ISSSTE en 2007, el incremento salarial, justicia laboral y el respeto al derecho de manifestación. Lo que encontraron fue una respuesta policiaca con cercos, gases y la criminalización de la protesta.
Este operativo no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón nacional cada vez más evidente de vigilancia, hostigamiento y cerco contra los movimientos docentes. A pesar del discurso oficial que asegura “compromiso con el magisterio”, los hechos revelan una dolorosa continuidad con las políticas represivas de sexenios anteriores.
Lo ocurrido en Michoacán revive viejas heridas y refuerza una pregunta clave: ¿Cuál es el verdadero compromiso del gobierno con la educación pública y los derechos laborales? Porque, como bien apuntan los manifestantes, la protesta no se apaga con gases lacrimógenos ni con cercos policiacos, sino con soluciones reales y voluntad política.
Desde los espacios críticos, organizaciones sociales y medios independientes han exigido el cese inmediato del hostigamiento, la retirada de las fuerzas represivas y una respuesta clara y contundente a las demandas del magisterio. Hoy, como tantas veces en la historia reciente, el derecho a la protesta vuelve a ser tratado como delito, y no como expresión legítima de una sociedad que no se resigna.
