En Puebla, estado gobernado por Morena, acaba de entrar en vigor un nuevo delito, uno que podría abrir la puerta a la represión digital: el ciberasedio.
El concepto suena a tecnicismo jurídico del siglo XXI, pero en realidad es un caballo de Troya que esconde un viejo vicio del poder: censurar a quien critica, incomoda o disiente.
De acuerdo con el texto publicado en el Periódico Oficial del estado —porque esto no es una propuesta ni una ocurrencia momentánea, sino una ley en toda forma—, comete ciberasedio quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona” a través de redes sociales u otros espacios digitales, y lo haga con la “insistencia necesaria” para causarle un “daño menoscabo” a su integridad emocional.
Traducción: si usted lanza comentarios duros en X, Facebook o por correo electrónico y el destinatario dice sentirse afectado, podría enfrentar hasta tres años de cárcel y una multa económica.
Salta la duda: ¿la ley busca proteger a personas vulnerables o blindar a funcionarios de piel delgada?
Porque si algo caracteriza a esta norma es su ambigüedad, ¿Qué es un insulto? ¿Quién determina cuándo un comentario es vejatorio? ¿Cuántas veces hay que decirlo para que cuente como insistencia? ¿Y de qué “daño emocional” hablamos? La respuesta, al parecer, queda a discreción de la autoridad en turno.
El riesgo no es menor. Organizaciones como Articulo 19 ya han alzado la voz: la libertad de expresión no es solo para lo bonito, lo pulcro o lo políticamente correcto. Protege también lo incómodo, lo agresivo, lo chocante. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así lo establece el propio sistema interamericano de protección de derechos fundamentales.
La ley de ciberasedio no define con claridad las conductas que sanciona, pero sí abre la puerta a un uso discrecional, subjetivo y potencialmente autoritario. En los hechos, Puebla ha legalizado una forma de censura disfrazada de buena voluntad.
