Se dio a conocer que el diputado federal michoacano, Ernesto Núñez Aguilar, busca arrendar una casa en el costoso y exclusivo fraccionamiento Tres Marías, donde tendrá acceso al campo de golf, justo lo que necesita un “servidor público” para relajarse de las pesadas jornadas laborales.
Las mansiones no cuestan dos pesos. Se trata de humildes viviendas con precios que van de los cinco hasta los 55 millones de pesos, y las rentas no son baratas, sobrepasan los 40 mil pesos mensuales, más de 140 salarios mínimos.
Pero todos estamos seguros que el también dirigente del Partido Verde en Michoacán no puede pagar solito con su salario una vivienda así, no se gana mucho como funcionario.
Su esposa Isania Lisbeth Solórzano Suárez, quien “casualmente” es presidenta del Colegio de Notarios de Michoacán, también aparece como solicitante de arrendamiento en la zona.
Preocupa que en el pasado, Núñez admitió haber solicitado “moches” relacionados con proyectos culturales, aludiendo que “se le hizo fácil”, como si se tratara de una travesura o una falta menor.
El escándalo salió a la luz en 2014, cuando la promotora cultural Verónica Loaiza denunció que pretendía utilizar apenas el 30 % de los 6 millones de pesos asignados a un festival, destinando el resto a fines no transparentes.
En grabaciones, Núñez instruía sobre cómo simular cotizaciones y duplicar eventos para justificar gastos, mostrando un patrón de corrupción disfrazado de asesoría informal.
A pesar de las evidencias, Núñez intentó minimizar su responsabilidad argumentando que sus declaraciones se dieron en el ámbito privado de su oficina –en lo oscurito pues– y ante una supuesta amiga que, según él, abusó de su confianza.
Más aún, presentó una demanda contra Loaiza, alegando daños a su reputación por haber sido expuesto como “el diputado moches”; sin embargo, la promotora cultural respondió que la conversación ocurrió en una oficina pública y que, como servidor público, Núñez no podía desligar su función oficial de su conducta personal.
Este caso no solo dejó en evidencia prácticas comunes de desvío de recursos, sino también la fragilidad del discurso con el que algunos funcionarios, como es el caso del “moches”, intentan justificar actos que comprometen el uso del erario público.
