Michoacán está que arde y los alcaldes están cayendo como moscas. En lo que va del actual sexenio morenista, seis presidentes municipales han sido asesinados. No es poca cosa, hablamos de representantes elegidos democráticamente, ejecutados en distintas regiones del estado por ejercer, o intentar ejercer, su función pública.
Desde Contepec hasta Tepalcatepec, lo que avanza no es el Estado de derecho, sino el Estado del miedo.
Esta oleada de violencia no discrimina colores ni afiliaciones partidistas: PRI, PAN, PVEM, PT, Morena. Alcaldes han sido ultimados en sus oficinas, en la calle, frente a sus casas, incluso frente a sus hijos. ¿Qué autoridad puede gobernar cuando no se le garantiza ni siquiera el derecho a la vida?
En uno de los episodios más dolorosos, la presidenta municipal morenista de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza fue ejecutada junto a su esposo este 17 de junio. Uno de sus hijos resultó gravemente herido. La región es uno de los principales frentes de batalla entre cárteles y, como tantas veces, los gobiernos locales quedan atrapados entre las balas.
Los crimenes anteriores no han sido esclarecidos. No hay justicia para Enrique Velázquez (PRI) en Contepec, ni para César Valencia (PVEM) en Aguililla, ni para Guillermo Torres (PRI) en Churumuco. Tampoco para Yolanda Sánchez (PAN) en Cotija, ni para Salvador Bastida (PVEM) en Tacámbaro. En todos los casos, lo que reina es la impunidad.
Seis asesinatos en menos de tres años. Seis tragedias que ponen en tela de juicio la estrategia de seguridad en Michoacán.
Si no hay gobernabilidad ni seguridad, no hay democracia. Si ejercer un cargo público es, en sí mismo un acto temerario, no puede existir la tan mencionada “Transformación”.
