Una jornada marcada por el terror, el fuego y la impunidad sacudió al municipio de Zitácuaro, Michoacán, la tarde del jueves. En medio de una cuenta disputa entre grupos criminales —el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos—, la violencia dejó un saldo devastador: al menos una mujer y sus tres hijos fueron baleados, uno de ellos, un niño de apenas cinco años, perdió la vida.
Los hechos comenzaron alrededor de las 13:00 horas, cuando enfrentamientos armados entre células delictivas paralizaron varias zonas de la ciudad. En uno de los tiroteos, una automovilista y sus hijos quedaron atrapados. No eran objetivos, ni formaban parte de ninguna banda. Eran una familia atrapada en el fuego cruzado. Las balas los alcanzaron. Uno de los menores fue trasladado de emergencia al Hospital Regional. No sobrevivió.
Mientras tanto, la violencia se extendía como una mancha de aceite: seis vehículos fueron incendiados, entre ellos unidades de empresas como Bimbo y Bonafont, un autobús ardió en plena carretera y una motocicleta fue calcinada en la colonia La Joya. Un Oxxo fue consumido por las llamas. Otros dos establecimientos de la misma cadena fueron rafagueados en distintos puntos del municipio.
No fue un incidente aislado. Fue una operación sistemática que sembró pánico en colonias como Lomas de Oriente, José María Morelos y El Calvario. Las calles se transformaron en trincheras. En varias escuelas, alumnos y maestros se tiraron al suelo en busca de refugio. El miedo se metió en las aulas.
Detrás de esta jornada de horror, una disputa por el control de la plaza. Un territorio más que se convierte en escenario de guerra mientras el Estado, ausente o rebasado, observa —en el mejor de los casos— desde la distancia. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha ofrecido una versión oficial ni dado a conocer detenciones.
La violencia no solo se mide en muertos. Se mide en vidas rotas, en infancias truncadas, en el miedo instalado como rutina. Zitácuaro es hoy un espejo de lo que ocurre en amplias regiones del país donde el crimen ha tomado el control, y la población civil paga el precio.
La pregunta se repite: ¿Dónde están las autoridades?
