Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, habla hoy desde la posición incómoda de un político que se dice atrapado entre el poder del crimen organizado y la desconfianza institucional. En entrevistas y documentos que muestra como defensa, insiste en que su trayectoria política quedó marcada por señalamientos de vínculos con Los Caballeros Templarios, acusaciones que niega de manera tajante y que atribuye a rivalidades locales, disputas partidistas y al caos de seguridad que atravesaba Michoacán.
Valencia asegura que durante su administración el municipio vivía bajo extorsión sistemática de grupos criminales. Afirma que los Templarios exigían un porcentaje mensual de los recursos destinados a obra pública y que, como otros alcaldes de la región, operaba con una policía infiltrada y con instituciones debilitadas. Según su relato, denunciar era una ruta mortal: recuerda casos de munícipes asesinados tras informar sobre amenazas o extorsiones. “Uno estaba a merced de comandos armados”, sostiene.
Mientras niega haber conocido o negociado con líderes como Nazario Moreno, Servando Gómez o Enrique Plancarte, también acusa a fiscales, policías y funcionarios estatales de estar rebasados por el crimen. Dice que incluso cuando pidió apoyo formal al Gobierno federal y al del estado —documentos que muestra— no recibió respuesta. Y aunque rechaza haber sido expulsado por autodefensas, admite que desde mayo de 2013 gobierna parcialmente desde Morelia, mientras grupos comunitarios y operadores políticos locales inciden en las decisiones del Cabildo.
En su defensa, Valencia señala a viejos adversarios, en particular a los hermanos Farías, como los impulsores de la campaña para removerlo del cargo. También cuestiona al entonces comisionado federal Alfredo Castillo, a quien acusa de escuchar únicamente a grupos de autodefensa relacionados —según su versión— con intereses del Cártel Jalisco Nueva Generación. De igual forma, descarta la validez de documentos que lo acusan de desvíos de recursos: “Son apócrifos”, afirma, mostrando como respaldo un dictamen de la Auditoría Superior de Michoacán que lo exime de responsabilidades económicas en 2012.
El exalcalde reflexiona sobre las raíces de la violencia en Michoacán: habla de instituciones vulneradas, de una larga historia de cacicazgos locales y de la expansión criminal que, dice, se consolidó con la debilidad gubernamental y el choque político entre administraciones estatales y federales. Asegura que todos los alcaldes, independientemente del partido, han sido víctimas de extorsión, y rechaza que sus vínculos familiares o políticos impliquen alguna relación con los cárteles.
Sin ocultar miedo, Valencia admite que se imagina muerto y teme por su familia. Pese a ello, afirma que no renunciará a su carrera: dice querer ser Gobernador de Michoacán y sostiene que su “pecado” fue intentar actuar dentro de la institucionalidad en un territorio que —describe— vivía bajo un poder criminal al que nadie podía negarse. Su historia, asegura, es la de un político que quedó solo en medio de una guerra que todavía no termina.
