En política, hay momentos que ponen a prueba la coherencia de un liderazgo. Claudia Sheinbaum, aún en la etapa de luna de miel como presidenta de México, hoy tiene muchas explicaciones que dar sobre sus cercanos.
La semana pasada, una investigación periodística reveló que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, reportó ingresos millonarios ante el SAT que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales oficiales. Estamos hablando de una diferencia escandalosa: en 2023, declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) ingresos por 7 millones de pesos, pero el SAT registra 22 millones. En 2024, el abismo se agranda: 58 millones contra apenas 625 mil reportados oficialmente.
¿Y qué dijo la presidenta Sheinbaum ante este boquete en la credibilidad de su aliado político y exsecretario de Gobernación? “Pues sí, que aclare el senador”. Una declaración que, si bien no lo defiende, tampoco lo condena.
Porque esto no se trata de un simple error administrativo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara: todo servidor público debe reportar con veracidad su situación patrimonial. No hacerlo puede implicar sanciones que van desde la inhabilitación hasta responsabilidades penales.
El problema es mayor si consideramos que algunos de esos ingresos provienen de empresas con contratos públicos, otras ligadas familiarmente al senador, e incluso una señalada por el propio SAT como una empresa fantasma. Aquí ya no estamos hablando solo de un tema de transparencia, estamos ante la sospecha del fantasma de la corrupción.
Y esto coloca a Sheinbaum en una disyuntiva peligrosa. ¿Seguirá la ruta del presidente saliente, minimizando las acusaciones contra los suyos mientras se apalea mediáticamente a los adversarios? ¿O hará lo que prometió en campaña: combatir la corrupción, caiga quien caiga, incluso si eso significa tocar a un cuadro fuerte de Morena?
Lo que está en juego no es solo el prestigio de un senador, sino la credibilidad de un gobierno que prometió no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
La pregunta es si la presidenta está dispuesta a asumir el costo político de combatir la corrupción dentro de su propio partido.
