Una elección inédita y compleja se avecina: la del Poder Judicial. En este escenario de incertidumbre institucional, el arzobispo coadjutor de Morelia, José Armando Álvarez Cano, ha lanzado una advertencia que no puede tomarse a la ligera: “Sí hay un riesgo alto de que el crimen organizado intente meter las manos”.
El mensaje del jerarca católico no es menor. En un país donde los equilibrios democráticos ya están suficientemente presionados por la polarización y la inseguridad, introducir el voto ciudadano para elegir jueces y magistrados representa una apuesta ambiciosa…y arriesgada. A eso se suma la falta de claridad del proceso. “Ha sido un camino tortuoso”, reconoce Álvarez Cano, quien señala que ni siquiera es del todo claro cómo se votará.
La Iglesia católica —históricamente cuidadosa en sus pronunciamientos políticos— ha dado un paso adelante al exhortar a los ciudadanos a participar y así prevenir la llegada de jueces corruptos. No lo hace con entusiasmo, sino con una mezcla de preocupación y responsabilidad cívica. “La invitación de la Iglesia es que participemos todos, como ciudadanos”, dijo el arzobispo, recordando que el contexto no es ideal: inseguridad, desconfianza institucional y confusión sobre las reglas del juego.
El argumento de fondo es potente: el sistema de justicia necesita una profunda renovación. El propio Álvarez Cano reconoce que “hay jueces que sueltan a veces criminales, personas con evidencias”. Y en eso tiene razón. La impunidad ha sido el talón de Aquiles del sistema mexicano por décadas. Pero la pregunta de fondo es si una elección ciudadana resolverá este problema o si, por el contrario, lo agravará.
La preocupación de que el crimen organizado influya en este proceso no es paranoia: es sentido común en un país donde en no pocas regiones la línea entre Estado y crimen es porosa. Si en elecciones de alcaldes o gobernadores los grupos criminales ya inciden, ¿por qué no lo harían en una elección judicial?
En suma, la advertencia de Álvarez Cano va más allá de la crítica eclesial. Es un llamado a la sensatez. En una democracia, la participación ciudadana es vital, pero no sustituye el diseño institucional. Apostar todo a las urnas, sin reglas claras ni garantías mínimas de seguridad y transparencia, puede ser tan peligroso como mantener un sistema de justicia corrupto.
