Una nueva mancha ensombrece el ya cuestionable historial del exgobernador de Tabasco y actual senador de Morena, Adán Augusto López Hernández. La Fiscalía giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, por sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como “La Barredora”. La noticia ha detonado una tormenta política.
Para el senador panista Marko Cortés, no hay lugar para la duda: el exgobernador debe ser investigado. Y más aún, debería separarse de su cargo en el Senado para permitir una indagatoria a fondo. En declaraciones contundentes, Cortés acusó que “no es creíble que Adán Augusto no supiera lo que hacía su secretario”.
“Esto no es novedad. Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo: varios gobernantes de Morena pactaron con el crimen organizado para llegar al poder y mantenerse ahí”, dijo. “Lo de Tabasco confirma lo que todos sospechamos: una relación estrecha, estructural y peligrosa entre poder político y estructuras criminales”.
El caso es grave: Bermúdez Requena, titular de la seguridad pública durante el mandato de López Hernández, estaría vinculado a un grupo criminal con presencia en el sur del país. Y según Cortés, su exjefe político no podría alegar ignorancia.
“Yo no creo que Adán Augusto no se haya enterado de lo que hacía su secretario. Francamente, no lo creo. Ningún gobernador puede desconocer las operaciones de su responsable de seguridad”, subrayó.
La respuesta desde Palacio Nacional, sin embargo, fue la esperada: la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó esta mañana que no existe ninguna investigación abierta contra Adán Augusto. Una declaración que, lejos de calmar las aguas, avivó las críticas por lo que la oposición califica como protección política.
“El senador debería desprenderse del fuero constitucional para que pueda ser investigado, aunque sabemos que la Fiscalía es carnal y no lo van a investigar”, señaló Cortés, cuestionando directamente la independencia del Ministerio Público.
El señalamiento es claro: si Bermúdez pactó con el crimen, alguien desde más arriba lo permitió o lo encubrió. Y ese alguien, apunta Cortés, podría ser Adán Augusto López Hernández.
El caso de Tabasco reaviva un debate central en la vida pública del país: ¿hasta qué punto los gobiernos estatales han sido cooptados por intereses criminales? ¿Y cuántos altos funcionarios han sido, en el mejor de los casos, omisos ante esos vínculos?
Mientras tanto, el silencio del senador morenista comienza a pesar. En un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente no sabía?
