Mientras Michoacán enfrenta una de sus etapas más violentas —marcada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo—, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla exhibe un rostro de bonanza difícil de justificar.
Las declaraciones patrimoniales del mandatario y de su círculo cercano muestran un contraste con el discurso de austeridad que presume la Cuarta Transformación.
Ramírez Bedolla reporta una casa adquirida en 2022, valuada en 4 millones de pesos, y un vehículo Honda Pilot de casi 810 mil pesos. Además, participa en una empresa llamada PRO ORIGEN, aunque afirma no recibir ingresos por ella. Su sueldo anual neto es de poco más de 1.1 millones de pesos.
El caso más llamativo, sin embargo, es el de su consejero jurídico, César Augusto Ocegueda Robledo, quien declaró ser dueño de una propiedad de 200 millones de pesos, pagada al contado en 2013. A esa cifra suma otra casa de 10 millones, adquirida a crédito en 2024, y tres autos de lujo: un Mini Cooper, un BMW y un Mercedes Benz.
El funcionario ha ocupado únicamente cargos públicos desde 2013, con un salario actual de 2.1 millones de pesos anuales. Es decir, necesitaría más de 90 años para reunir el monto de su propiedad principal.
Otro miembro del círculo de confianza del gobernador, Raúl Zepeda Villaseñor, también muestra un patrimonio en ascenso: inmuebles por más de 6 millones de pesos —algunos adquiridos al contado o por donación— y una colección de arte valuada en 600 mil pesos. Su ingreso anual como funcionario no rebasa 1.1 millones.
En contraste, Michoacán vive una crisis de seguridad y desconfianza institucional. Los señalamientos por abuso de poder, el enojo social y la ostentación de algunos funcionarios dibujan un escenario que contradice el discurso de la “austeridad republicana”.
Lujo, propiedades millonarias y autos de alta gama: el sello de un gobierno que prometió transformación, pero que, a la vista de sus bienes, parece vivir en otro Michoacán.
