El gobierno de la CDMX presume modernidad, sensibilidad y humanismo, pero el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) tiene otros datos.
En los últimos cinco años, el número de cuerpos que llegaron sin identificar creció 52%. En 2022 fueron 700; el año pasado, mil 64.
De ellos, 682 terminaron en la fosa común. Otros 236 fueron enviados a escuelas de medicina, y 146 permanecen bajo resguardo.
Son cifras que exhiben una realidad incómoda. Mientras el discurso oficial de Morena insiste en que “nadie se queda atŕas”, cientos de personas son enterradas sin nombre y sin justicia.
La Ley permite que los cuerpos permanezcan seis meses bajo custodia del Incifo antes de ser enviados a la fosa común. Pero en ese lapso no hay protocolos eficientes de búsqueda ni coordinación real con los colectivos de vamilias. El resultado es la negación institucional del derecho a la identidad.
En lo que va de la actual administración, 4 mil 522 cuerpos no fueron identificados ni reclamados en la capital. 3 mil 178 ya están en la fosa común. Y mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inaugura centros de atención para personas desaparecidas, madres buscadoras les gritan “¡pónganse a trabajar!”
