GUSTAVO AGUADO BUTANDA: EL FONTANERO DE BEDOLLA
En el argot político y periodístico, un fontanero no arregla tuberías: repara los problemas del poder. Es el operador que trabaja tras bambalinas, aparece cuando estalla un escándalo, una crisis amenaza con salpicar al jefe o una noticia incómoda pone en riesgo la narrativa oficial. Su tarea es contener fugas, apagar incendios y evitar que las grietas del gobierno queden al descubierto.
En el entorno de Alfredo Ramírez Bedolla, Gustavo Aguado Butanda aparece entre los nombres que generan cuestionamientos sobre esa clase de operación. Vinculado empresarialmente con Záyin Villavicencio y relacionado con Revolución 3.0, su entorno ha sido asociado con estrategias de comunicación, promoción de la imagen gubernamental y contratos publicitarios. La pregunta es inevitable: ¿es solamente un empresario de medios o también un operador de la fontanería política del bedollismo?
Las dudas sobre sus negocios tampoco son menores. Revolución 3.0 obtuvo un contrato por 458 mil 200 pesos con el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán para servicios de marketing y redes sociales. A ello se suman los cuestionamientos sobre el posicionamiento de Gladyz Butanda Macías, los establecimientos de entretenimiento que se atribuyen a Aguado en Morelia y los presuntos servicios de catering para eventos del gobernador. ¿Quién contrata esos servicios, cuánto se paga y qué recursos públicos están involucrados? Los contratos y las facturas deberían responderlo.
Más delicado aún es el señalamiento sobre el presunto uso de convenios publicitarios para mantener a periódicos, revistas y medios digitales lejos de los temas que incomodan al gobierno. Las desapariciones, la inseguridad y la violencia no pueden convertirse en moneda de cambio por publicidad oficial. Si existen pagos condicionados a la línea editorial o acuerdos para evitar publicaciones, deben investigarse. El dinero público debe servir para informar, no para comprar silencios.
Al final, la pregunta no es quién cuida la imagen de Bedolla, sino quién responde por la realidad de Michoacán. Si Gustavo Aguado es un empresario, que transparente sus contratos; si es operador del poder, que se explique qué hace y con qué recursos. Porque los desaparecidos no dejan de existir cuando se apagan las cámaras, la inseguridad no se resuelve comprando titulares y la verdad no se negocia en convenios publicitarios. En Michoacán sobran fontaneros para las fugas del poder, pero faltan responsables que den la cara por las fugas de un gobierno.
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