El diputado morenista, Juan Carlos Barragán, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2046 y deberá resarcir un daño patrimonial por 5.6 millones de pesos, una resolución que aniquila su futuro político y abre un nuevo frente para el grupo encabezado por Raúl Morón.
La sanción revive los señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y coloca a uno de los perfiles más visibles de Morena en Michoacán bajo el peso de una resolución que, de mantenerse firme, lo dejaría fuera de cualquier aspiración electoral durante dos décadas. La obligación de pagar millones de pesos agrega un costo político y financiero que difícilmente pasará desapercibido.
El caso también representa un problema para Raúl Morón. Barragán ha sido uno de sus aliados más cercanos y uno de los operadores con mayor presencia en la disputa interna por las candidaturas rumbo a 2027. La inhabilitación debilita a ese bloque en un momento en que Morena comienza a definir liderazgos y estrategias.
La resolución alimenta además el discurso de quienes cuestionan la congruencia del movimiento en materia de combate a la corrupción. Mientras el oficialismo mantiene una narrativa de transparencia y rendición de cuentas, uno de sus cuadros enfrenta una sanción que lo aparta del servicio público por un periodo inusualmente largo.
Ante este escenario, Barragán deberá concentrar sus esfuerzos en la defensa jurídica para intentar revertir la decisión. Mientras tanto, Morón pierde a un aliado estratégico y suma un factor de desgaste en la competencia interna, justo cuando la sucesión estatal empieza a tomar forma.
